El pasado viernes se presentó en los locales de Cáritas Parroquial de Fraga la Campaña de Temporeros Agrícolas 2015. Las cifras que allí se desgranaron no dejan de asombrar negativamente. En la última campaña frutícola, Cáritas ha contabilizado 25 infraviviendas ocupadas por 415 temporeros, que duermen en casetas abandonadas, almacenes agrícolas o tiendas de campaña a la intemperie, datos muy sesgados ya que pertenecen a 4 municipios del Bajo Cinca y el Cinca Medio, concretamente Albalate, Belver, Zaidin y Fraga. Se calcula que estas comarcas emplean a unos 5000 temporeros.
José Luis Escutia, director de Cáritas Diocesana Barbastro – Monzón, presentaba estos resultados a la par que denunciaba la absoluta dejación de funciones de la administración a la que acusaba de conocer la grave situación social existente y mirar hacia otro lado. A su lado estuvieron Antonio Raneda, responsable de inmigración de UGT Aragón e Ivan Bitria, trabajador social de Cáritas que junto a un mediador cultural, es el autor de este informe, encargado de estudiar la situación y cubrir las necesidades más urgentes.
De las 25 infraviviendas, el mayor número se localizó en Zaidín (16) y en ellas fueron contabilizados 165 temporeros. En Albalate de Cinca fueron halladas 4 con 80 inmigrantes y en Belver dos con 60. En Fraga, el tanteo inicial permitió encontrar tres con 110 temporeros. De los 415 inmigrantres, fueron atendidos 213 ya que el resto se mostraron reacios a hablar y aceptar ayuda, dato comprensible ya que la mayoria llevan varias campañas trabajando para el mismo empresario.
La mayoria de los asentamientos se corresponden con espacios repletos de tiendas de campaña, cubiertos o a la intemperie, en los que los inmigrantes carecen de cualquier servicio como sanitariios, agua o luz. Otros se corresponden con almacenes agrícolas o edificios en desuso, en los que pueden concentrarse hasta 30 personas.
Según José Luis Escutia, se trata de auténticas infraviviendas, que carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad, lo que pone en riesgo la salud e incluso la seguridad de los temporeros.
José Luis Escutia, director de Cáritas Diocesana Barbastro – Monzón, presentaba estos resultados a la par que denunciaba la absoluta dejación de funciones de la administración a la que acusaba de conocer la grave situación social existente y mirar hacia otro lado. A su lado estuvieron Antonio Raneda, responsable de inmigración de UGT Aragón e Ivan Bitria, trabajador social de Cáritas que junto a un mediador cultural, es el autor de este informe, encargado de estudiar la situación y cubrir las necesidades más urgentes.
De las 25 infraviviendas, el mayor número se localizó en Zaidín (16) y en ellas fueron contabilizados 165 temporeros. En Albalate de Cinca fueron halladas 4 con 80 inmigrantes y en Belver dos con 60. En Fraga, el tanteo inicial permitió encontrar tres con 110 temporeros. De los 415 inmigrantres, fueron atendidos 213 ya que el resto se mostraron reacios a hablar y aceptar ayuda, dato comprensible ya que la mayoria llevan varias campañas trabajando para el mismo empresario.
La mayoria de los asentamientos se corresponden con espacios repletos de tiendas de campaña, cubiertos o a la intemperie, en los que los inmigrantes carecen de cualquier servicio como sanitariios, agua o luz. Otros se corresponden con almacenes agrícolas o edificios en desuso, en los que pueden concentrarse hasta 30 personas.
Según José Luis Escutia, se trata de auténticas infraviviendas, que carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad, lo que pone en riesgo la salud e incluso la seguridad de los temporeros.
Del conjunto las quejas más destacadas han estado relacionadas con salarios por debajo de convenio así como por la cotización de un número de horas menor a las reales. Además, desde Cáritas se han realizado distintas intervenciones, entre las que destacan 197 lotes de alimentos, 101 de higiene personal y limpieza, 145 de ropa y calzado, 15 de medicamentos y 75 mantas y sacos de dormir. También se ofrecieron servicios de transporte y acompañamiento. El proyecto desarrollado ha supuesto una inversión de 36.400 euros, 20.000 de ellos financiados por la secretaria de Inmigración del Ministerio de Trabajo.
Al no ser una situación nueva, sino recurrente, José Luis Escutia inisitió en recordar que las administraciones deberían actuar de oficio contra las situaciones denunciadas y ejercer sus competencias en materia de servicios sociales.
Al no ser una situación nueva, sino recurrente, José Luis Escutia inisitió en recordar que las administraciones deberían actuar de oficio contra las situaciones denunciadas y ejercer sus competencias en materia de servicios sociales.